El Poder vs la Autoridad


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Otro asunto es el poder de las personas basado en la autoridad. Max Weber[1] lo explica como:

…la probabilidad de que un actor en una relación social esté en condiciones de imponer su voluntad a pesar de la resistencia e independientemente del fundamento sobre el que se base esta probabilidad.

El origen del término se remonta, etimológicamente, a una raíz indoeuropea (pótis) de significado, ‘amo’, ‘dueño’ y ‘esposo’. Es obvio que se trata de dos enfoques de poder diferentes, el de Weber y el de pótis.

En el primer caso hablamos, siempre según Weber, del poder que ejercemos sobre otros y la expresión responde gramaticalmente a un sustantivo masculino; en el segundo de un poder genérico atribuido a la tenencia de cosas (dueño), personas o instancias (amo) y de la mujer (esposo) entendido esto último en un contexto romano en el que ésta adquiría, a través del matrimonium, el derecho a engendrar hijos legítimos, y nos encontramos ante un verbo intransitivo.

Pero, en realidad, observamos que ninguno de los dos casos explica per se el origen del poder. Estamos hablando de un poder sujeto a terceras personas o a instancias que se encuentran por encima de nosotros, incluso probablemente de quien ejerce el mismo. Cuando alguien nos está obligando a hacer alguna cosa que no nos interesa, no es nuestra prioridad, no creemos en ella o no consideramos que deba hacerse así, disponemos de dos opciones: obedecer o negarnos a hacerlo. Cuando obedecemos bajo estas circunstancias, es por cuanto las recompensas se ajustan a nuestro interés y estamos allanándonos a la voluntad de alguien o de alguna instancia que también se puede encontrar, asimismo, sujeta a un poder similar, por una cuestión de supervivencia. Las causas podrán ser profesionales (nos interesa mantener a nuestra familia, pese a que ese trabajo nos denigre); bélicos (nos vemos obligados a tomar las armas y poner en riesgo nuestras vidas en defensa de la Nación, si no queremos vernos fusilados); sociales (aceptamos las normas legales de una comunidad para no vernos perseguidos por la Ley); etcétera. En cualquiera de esos casos, aceptamos cumplir un rol impuesto por un poder práctico ejercido por terceros.

El individuo nace libre. A partir de este Derecho Natural e irrenunciable, debe amoldarse a los requerimientos sociales existentes o se acaba convirtiendo, según nuestra propia definición, en un inadaptado social. Se ve obligado a socializarse si quiere vivir dentro de un marco de desarrollo convencional, en el cual podrá optar por tomar diversos caminos, igualmente aceptados por la sociedad, o convertirse en un individuo marginal, antesala de un fuera de la Ley. Incluso, en ese Estado, se verá obligado a regirse por normas y atender a autoridades prácticas, por lo general sustentadas más por la fuerza que por la razón. Los mendigos no pueden pedir limosnas en cualquier esquina de la ciudad porque también están controladas por mafias; lo mismo sucede con las prostitutas allí en donde ejercen su trabajo; los limpiacristales de los semáforos; y no digamos de los ‘camellos’ que facilitan droga. Todos ellos están sujetos a unas normas no escritas (autoridad práctica) que socializan la marginalidad, por lo que acaba siendo muy difícil para cualquiera vivir en la Tierra sin estar sujeto a algún poder.

Los propios gitanos que atienden escrupulosamente a sus propias normas (ley gitana), transmitidas entre generaciones, se ven perseguidos a causa de leyes (autoridad formal) que no reconocen (deslegitimadas) siendo tratados por el resto de la sociedad como marginales e inadaptados. De la misma manera, todos aquellos que defienden pacíficamente una unidad territorial, cultural o social, al margen de la que imponen las autoridades teóricas[2], formales y prácticas, se acaban convirtiendo en separatistas y, en consecuencia, despreciados por el resto del conjunto social que integra la unidad restante que los ve como marginales. En ambos casos, la fuerza que sustenta el poder de una autoridad, incapaz de transmitir sus valores para que los demás los legitimen mediante la aceptación moral, acaba imponiéndose pero jamás resolverá el problema principal y sus consecuencias permanecerán latentes.

A miles de años se remonta el punto de ruptura entre el ejercicio de la voluntad individual, tal y como fue ejercida por los humanos en el origen de los tiempos, y la sujeción a la voluntad de un tercero con o sin recompensa. De las relaciones ‘sociales’ que con el tiempo y la propia socialización de nuestros antepasados fue surgiendo, se comenzaron a dar, probablemente, las primeras relaciones de poder. Y, también con bastante seguridad, las primeras escenas de violencia asociada a la necesidad de marcar el territorio, derivada de nuestros más ancestrales recuerdos irracionales, de tal modo que imperaría la ley del más fuerte.

El asunto se complicó seriamente hace aproximadamente unos siete mil años, cuando se dio el descubrimiento más determinante para nuestra especie en tanto que elemento social: la agricultura. De la mano de los cultivos se dio el arraigo al suelo y se desarrollaron células sociales que se fueron agrupando alrededor de ésta circunstancia. Se fue abandonando paulatinamente la caza, a la par que la naturaleza comenzaba a retroceder debido a la dedicación de zonas a la siembra, dificultando el desarrollo de la fauna. La respuesta tampoco se haría esperar mucho y, como una cosa siempre nos lleva a otra, hubo individuos que se encontraron fuera de ese círculo social, con problemas para seguir cazando con la misma facilidad de antes y ambicionaron algunas de las capacidades que se daban en los incipientes grupos sociales que se iban conformando alrededor de las plantaciones. Ante estos hechos las asociaciones por interés, que se habían generado en torno al cultivo de los campos y su recolección, se tornaron organizadas y dieron paso a las primeras estructuras jerarquizadas con diferentes roles y ya todo cambió para siempre. Pasamos en muy pocos siglos de un yo puedo hacerlo (verbo transitivo) a un tienes que hacer que soporta el significado sustantivo del término poder.

El poder deslegitimado

Ahora, lo que es importante convenir para aquellas circunstancias en las que nos referimos al poder en su acepción como sustantivo, es que la autoridad práctica que le permite aplicarlo podría no estar necesariamente legitimada y esto queda revestido de una importancia capital en el terreno organizativo en general y en el empresarial, que es el que nos ocupa aquí, en particular y de forma especialmente significativa. Cierto es que, la legitimidad última de una autoridad puede venir derivada de la propiedad o ser otorgada a determinadas personas en una empresa u organización, en virtud de su cargo (presidente, administrador único, el propio consejo de administración, etc.), pero no es menos cierto que estas se ven regularizadas por una autoridad formal superior que se conforma alrededor de las leyes que salen dictadas del gobierno de la nación que, a su vez, se halla sujeto a un sistema político, del corte que sea, y que hace que pueda variar su opinión al respecto de las mismas. Luego entonces, la autoridad legítima del propietario (fácilmente confundible con la autoridad teórica pero no siempre concurrentes si la organización funciona adecuadamente) o de la persona queda un tanto ligada al arbitrio de quienes ejercen una autoridad sobre ella, sujeto a cambios según quien la ostente.

Pongamos por caso y a modo de ejemplo, que nos encontramos en una industria especializada en nanotecnología aplicada a la medicina. El Consejero Delegado (autoridad práctica) decide realizar unas determinadas pruebas de dudosa ética y que forman parte de aquellas que caminan sobre el filo del marco que describe la Ley española 14/2006 sobre técnicas de reproducción asistida (autoridad formal estatal), respecto de las actuaciones sobre muestras biológicas en células embrionarias humanas.

Usted le indica a su superior la necesidad de efectuar una consulta vinculante al Comité de Bioética de España que, además de ser una autoridad teórica aceptada por casi todos, lo es también a nivel práctico. Su interlocutor se niega y le inquiere a que hagan los experimentos requeridos a la mayor brevedad, dado que de eso depende el cumplimiento de los plazos previstos por el Consejo. Además, se sabe que el Congreso va a elevar al Senado, próximamente, un proyecto de Ley que amplía las posibilidades de actuaciones que no dejarían duda alguna a la legalidad de estas pruebas, ahora en el aire, si bien es muy posible que no llegue a tiempo de ser aprobada antes de las próximas elecciones. De no hacerse, se corre el riesgo de que, debido a un previsible cambio de gobierno, se modifiquen las reglas del juego, derogando la actual Ley y sustituyéndola por una menos innovadora y más conservadora. Esto último, podría representar a su compañía pérdidas multimillonarias en concepto de facturaciones no realizadas por no disponer de las patentes correspondientes y, quién sabe, si potenciales regulaciones de empleo.

Nos encontramos, pues, ante un caso en el que la autoridad práctica, representada por el Consejero Delegado que le indica el camino a seguir, no constituye una autoridad legitimada ya que existen dudas razonables por su parte y de ahí que requiera la intervención del Comité de Bioética. La organización, representada a través de su autoridad práctica se verá ante la disyuntiva de recurrir a la figura del poder, dado el control que ejerce sobre los valores de compensación que usted percibe mensualmente, para obligarle a cumplir con las citadas pruebas ó exponerse a las consecuencias del mercado. Es por tanto de aplicación la frase de Weber, en tanto somos capaces de reconocer en dicho Consejero Delegado a alguien con capacidad de estar “en condiciones de imponer su voluntad a pesar de la resistencia” y aquí se escenifica el poder, cual sustantivo, en toda su magnitud. ¿Qué haría usted en cualquiera de los dos roles?

Cuando la legitimidad se sostiene a partir de una delegación de autoridad práctica o formal, como pueda suceder dentro de cualquier empresa y también en la constitución de una escala jerárquica, además de que dichos mandatos se sometan al orden y a la justicia, deberán ser aceptados como buenos (legitimidad moral de la que hemos hablado en otros artículos) por quienes los han de cumplir. Y ahí radica el nudo gordiano de la cuestión ya que, si no somos capaces de conseguir que nuestros empleados cumplan con un elevado grado de motivación sus cometidos, los resultados serán negativos o, cuando menos, no serán lo positivos que hubiéramos deseado. Quiero decir con todo esto que es fundamental que se entienda que el poder, como tal, no resolverá los problemas de ninguna entidad organizada, sino somos capaces de resolver previamente la obediencia a través del respeto a la autoridad práctica que va a ejercer el poder ejecutivo que se sustenta en dicha autoridad y de aquellos que la soportan. La obediencia debe resultar autoimpuesta por convencimiento como resultado de la asunción de la autoridad moral (legitimidad moral). En caso contrario, corremos el riesgo del incumplimiento o de la falta de excelencia en el desarrollo de los procesos.

De ahí que cuando alguien utiliza el poder para imponer su autoridad se deba, siempre, a la falta de legitimación de su propia autoridad, bien sea por unos ascendentes a dicha autoridad, bien por parte de quienes deberían obedecerla. El uso del poder no es otra cosa que la expresión de una impotencia por conseguir la aceptación social de la autoridad, que no siempre puede alcanzarse de una forma socialmente consensuada. Pero, como aquí lo que nos ocupa son las circunstancias que se den dentro de una empresa, asociación, etc., nos quedamos con la falta de habilidad por parte de la autoridad de conseguir que su figura sea legitimada por sus propios compañeros.

Oposición al poder o la revolución por omisión

Uno de los fenómenos sociales derivados más interesantes respecto del poder, lo constituye la revolución como valor de equilibrio compensatorio respecto del mismo. Cuando las personas integrantes de un grupo social o de un Estado, no están dispuestas a seguir aceptando la imposición, pura y dura, y no pueden escapar de ella, sólo les queda la revolución como respuesta a su angustia, justificada o no. Cuando hablamos de organizaciones empresariales, la revolución como tal es difícil que se llegue a dar (incluso la huelga, limitada sólo a casos bien extremos) porque siempre existen fuertes dependencias compensatorias. Pero lo que sí se acostumbra a ver, frecuentemente, es una especie de boicot inconsciente, cuando no directamente provocado, en forma de calidad deficiente, con elevado coste de horas, mermas, sustracciones y bajas médicas.

Si no podemos utilizar el poder como se había venido haciendo hasta hace pocos años, un poder simple con una relación de recompensa/castigo inmediata, ¿cómo podremos conseguir que nuestro personal actúe de la manera adecuada y deseada? La respuesta es a través de obtener la legitimación de las autoridades teóricas, prácticas y formales por parte de nuestros compañeros. Eso permitirá que se alcance la autoridad moral, último factor que lleva implícito el compromiso.

Y nos queda la última cuestión, obviamente obligada: ¿Cómo conseguimos la legitimación de las autoridades teóricas, prácticas y formales? A través del Conocimiento. Primero necesitamos llegar a saber (qué, cómo, por qué, quién, cuándo, de qué manera y demás preguntas.) para poder conocer y, a través del conocimiento, llegaremos a legitimar las autoridades a la par que la necesidad de exhibición de poder, fruto de la impotencia que encierra el ejercicio del mismo, se diluirá quedando sólo la autoridad práctica de quien nos ayuda coordinando nuestras labores. Hablamos siempre de conocimiento profesional y laboral. Que todos alcancen a comprender la importancia de su aportación, el papel que juegan dentro del contexto organizativo, su posicionamiento dentro de la estructura y la trascendencia social que conlleva la organización en su entorno. El impacto de los productos que fabricamos o de los servicios que ofrecemos en el mercado y la traslación de todo esto sobre la cuenta de resultados.

[1] Filósofo, economista, jurista y sociólogo alemán (1864-1920).

[2] Autoridad Teórica, referente máximo y último dentro de cualquier organización.